viernes, 30 de noviembre de 2007

DEMOCRACIA: Alan García, el nuevo verdugo

Por Enrique Chávez Aliaga
El doctor Alan García está obstinadamente empeñado en hacer exhibición de sus tendencias dictatoriales y de la creciente incoherencia que desde hace tiempo, caracteriza a su gobierno. Ha propuesto publicar los nombres de los procesados por terrorismo, incluyendo a los declarados inocentes, los que cumplieron condena y hasta los indultados. “¡La gente tiene que saber a qué clase de persona tiene por vecino!”, sostiene nuestro presidente con ese timbre de voz que estimula sobrenaturalmente los movimientos peristálticos de mi organismo, hasta situarme en la frontera del vómito. De pronto me digo: ojala hubiera existido alguien para proponer publicar los nombres de quienes siendo Presidentes de la República hayan elevado los precios 22 mil veces y hayan reducido el ingreso per cápita de 2 800 a 1 900 dólares en sólo cinco años. Ojala hubieran sido publicados los nombres de quienes quebraron el Estado bajando la presión tributaria del 14% al 4% y multiplicaron el número de pobres (en Lima metropolitana) pasando del 16.9 % al 44.3%. De haber sido así, seguramente el sillón presidencial no estaría ocupado por esa sublimación de la “conchudez” y la traición en la que se ha convertido Alan García.
Pero hablando de la propuesta en sí, ésta resulta ser fehaciente prueba de la ignominiosa ignorancia del doctor García en Derecho Penal y Política Criminal. Al parecer el presidente ha olvidado el principio de Resocialización del Derecho Penal, según el cual, cuando un reo cumple su condena recupera todos sus derechos y el Estado debe garantizar su reinserción en la sociedad. Solo ello explica que la propuesta del Jefe de Estado sea publicar los nombres hasta de quienes han sido declarados inocentes y de los que han cumplido condena, promoviendo la discriminación, enfrentando a la población, vulnerando los principios que sustentan un Derecho Penal dentro de un Estado de Derecho, propiciando la implementación de un Derecho Penal del enemigo, en fin, dando el primer paso hacia la construcción de una dictadura en la que se puedan restringir las libertades de las personas, tal como lo afirma Mulder Bedoya al comentar que la bancada aprista estudia la elaboración de una norma para reglamentar el seguimiento de todos los procesados por subversión que lograron su libertad. Por este camino, no se tardará en sostener que ante su incapacidad para resocializarse, habrá que imponerles cadena perpetua, o quién sabe, hasta pena de muerte.
De este modo, las tendencias dictatoriales del gobierno aprista van tomando mayor relieve. Entre tanto, las huelgas, los paros, las movilizaciones y todas aquellas armas que el pueblo encuentra cuando siente lastimada la dignidad nacional y ve vulnerados sus derechos más esenciales, seguramente irán en aumento, mientras el gobierno no comprenda que la confrontación no es el modo correcto de tratar estos conflictos, que no son fruto de la locura y el apasionamiento de “marxistas dinosaurios”, sino que son consecuencia de la exclusión, la pobreza y la miseria de las que son víctimas los peruanos. Por el bien de la democracia, esperamos que el gobierno lo comprenda y al comprenderlo, deseche estas intenciones que lo único que harán será, como lo dije antes, promover la discriminación y asesinar impunemente al Estado de Derecho.

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