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| Un crimen que reclama inmediata justicia. |
Por Jorge A. Chávez Silva.
La reapertura del caso de las esterilizaciones forzadas en el régimen del fujimontescinismo nos trae la esperanza de que se haga justicia con las 300 mil víctimas de esta criminal política gubernamental diseñada por el ex ministro de salud, ¡Qué incongruencia!, Alejandro Aguinaga, el “Joseph Mengele peruano”, quien mediante argucias legales, amparadas por su agrupación política, casi había logrado que archiven el caso a un año del dictamen del fiscal Peláez Bardales.
El altisonante ex ministro ha pataleado alegando que no es posible que al cabo de diez años se reabra el caso. Una situación que estuvo oscuros manejos mientras que en el poder judicial aun no se había erradicado a los integrantes corruptos que la mafia fujimontescinista había instaurado en el aparato legal de la nación. Al respecto, el Tribunal Constitucional le ha recordado que nunca fue juzgado y que en todo caso el archivamiento del caso no constituye cosa juzgada.
El Instituto de Defensa Legal ha especificado que los delitos por los que se investiga a los ex ministros Aguinaga y Costa Bauer incluyen coacción, lesiones graves e inclusive 17 casos de muerte. De acuerdo a legislaciones internacionales de protección a los Derechos Humanos y sobre todo a la mujer, a las cuales el Perú está adscrito, las esterilizaciones forzadas constituyen violaciones a estos derechos y son pasibles de someterse a las penas que especifican estos acuerdos de los cuales el Perú es parte.
El programa nacional de planificación familiar del gobierno de Fujimori era en realidad un siniestro propósito para esterilizar a mujeres pobres de manera inconsulta y en la mayoría de casos contra de su voluntad. Una mujer que acudía a un centro de salud, sin saberlo resultaba esterilizada con la secuela de problemas que esto entrañó.
Nada hay más cobarde y criminal que privar a una mujer de una condición para la cual está especialmente dispuesta: la de ser madre; aparte de que en este caso, implica agravantes como racismo y prejuicio, porque se practicó entre las mujeres de extracción indígena de las zonas alto andinas que, además de ser pobres, estaban sumidas en la ignorancia. Este abuso criminal de poder no puede ni debe quedar impune por la salud moral del país y por la imagen internacional de la justicia peruana que debe dar muestra fehaciente de que está inserta en el concierto internacional de respeto a los DDHH, sobre todo de las mujeres pobres y campesinas a las cuales el estado está en la obligación de proteger.
Lo increíble del caso es que el artífice de este atropello esté fungiendo como un padre de la patria y ocupado más que en legislar para los peruanos, para lo que fue elegido, esté más preocupado por la salud y el indulto del reo expresidente, esgrimiendo argumentos deleznables desde todo punto de vista, porque el ex dictador no califica de ninguna manera para recibir esta gracia presidencial. De progresar esta acusación, como es de ley y de justicia, al ex ministro no le quedará más que el desafuero y el ponerse a derecho para ser juzgado por los delitos que cometió. Las madres afectadas por este crimen esperan se haga justicia.
La reapertura del caso de las esterilizaciones forzadas en el régimen del fujimontescinismo nos trae la esperanza de que se haga justicia con las 300 mil víctimas de esta criminal política gubernamental diseñada por el ex ministro de salud, ¡Qué incongruencia!, Alejandro Aguinaga, el “Joseph Mengele peruano”, quien mediante argucias legales, amparadas por su agrupación política, casi había logrado que archiven el caso a un año del dictamen del fiscal Peláez Bardales.
El altisonante ex ministro ha pataleado alegando que no es posible que al cabo de diez años se reabra el caso. Una situación que estuvo oscuros manejos mientras que en el poder judicial aun no se había erradicado a los integrantes corruptos que la mafia fujimontescinista había instaurado en el aparato legal de la nación. Al respecto, el Tribunal Constitucional le ha recordado que nunca fue juzgado y que en todo caso el archivamiento del caso no constituye cosa juzgada.
El Instituto de Defensa Legal ha especificado que los delitos por los que se investiga a los ex ministros Aguinaga y Costa Bauer incluyen coacción, lesiones graves e inclusive 17 casos de muerte. De acuerdo a legislaciones internacionales de protección a los Derechos Humanos y sobre todo a la mujer, a las cuales el Perú está adscrito, las esterilizaciones forzadas constituyen violaciones a estos derechos y son pasibles de someterse a las penas que especifican estos acuerdos de los cuales el Perú es parte.
El programa nacional de planificación familiar del gobierno de Fujimori era en realidad un siniestro propósito para esterilizar a mujeres pobres de manera inconsulta y en la mayoría de casos contra de su voluntad. Una mujer que acudía a un centro de salud, sin saberlo resultaba esterilizada con la secuela de problemas que esto entrañó.
Nada hay más cobarde y criminal que privar a una mujer de una condición para la cual está especialmente dispuesta: la de ser madre; aparte de que en este caso, implica agravantes como racismo y prejuicio, porque se practicó entre las mujeres de extracción indígena de las zonas alto andinas que, además de ser pobres, estaban sumidas en la ignorancia. Este abuso criminal de poder no puede ni debe quedar impune por la salud moral del país y por la imagen internacional de la justicia peruana que debe dar muestra fehaciente de que está inserta en el concierto internacional de respeto a los DDHH, sobre todo de las mujeres pobres y campesinas a las cuales el estado está en la obligación de proteger.
Lo increíble del caso es que el artífice de este atropello esté fungiendo como un padre de la patria y ocupado más que en legislar para los peruanos, para lo que fue elegido, esté más preocupado por la salud y el indulto del reo expresidente, esgrimiendo argumentos deleznables desde todo punto de vista, porque el ex dictador no califica de ninguna manera para recibir esta gracia presidencial. De progresar esta acusación, como es de ley y de justicia, al ex ministro no le quedará más que el desafuero y el ponerse a derecho para ser juzgado por los delitos que cometió. Las madres afectadas por este crimen esperan se haga justicia.
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