por Constante Vigil
Celendín
Celendín
Ad portas de los conversatorios entre el Premier Jorge del Castillo y las autoridades de Ayabaca, acerca del proyecto Majaz, denunciamos qiue el gobierno aprista, en su afán de impedir que el modelo emprendido por las poblacoines de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera se difunda a otros lugares del país -lo que sería peligroso para los fines entreguistas del gobierno- quiere amedrentar a las autoridades de esos lugares. Para ello ha ordenado a los títeres del Jurado Nacional de Elecciones, denunciar por usurpación de funciones a estas autoridades que no hicieron sino interpretar correctamente el dictamen popular de decirle NO a la explotación minera de Majaz y buscar otras alternativas de progreso.
Detrás de estas pataletas "autónomas" del JNE, estarían los títeres de la Sociedad Nacional de Minería y , desde luego, las transnacionales que se llevan la riqueza del Perú dejando migajas a cambio.
Las acciones en contra de los alcaldes de estos lugares tienen un siniestro mensaje subliminal: advertir a otras autoridades que están promoviendo consultas populares sobre temas de interés local lo que les puede suceder si siguen en esos afanes. En ese sentido la intervención del Premier Jorge del Castillo en el conversatorio tendría la velada intención de focalizar a los responsables para someterlos a acciones judiciales.
En el entendido de que la "justicia" empieza por casa, los mandamases del JNE han comprendido en su denuncia a los funcionarios regionales de la ONPE que facilitaron los padrones electorales para la consulta. Al respecto preguntamos: ¿Por qué, cuando ocurrió la consulta de Tambogrande y se produjo similar situación, el JNE no se pronunció y menos condenó la consulta?
Si recurrimos a la Constitución y al concepto primigenio de la democracia, la opinión del pueblo es el sustento de esta forma de gobierno y es deber de los representantes elegidos respetar esta voluntad.
Detrás de estas pataletas "autónomas" del JNE, estarían los títeres de la Sociedad Nacional de Minería y , desde luego, las transnacionales que se llevan la riqueza del Perú dejando migajas a cambio.
Las acciones en contra de los alcaldes de estos lugares tienen un siniestro mensaje subliminal: advertir a otras autoridades que están promoviendo consultas populares sobre temas de interés local lo que les puede suceder si siguen en esos afanes. En ese sentido la intervención del Premier Jorge del Castillo en el conversatorio tendría la velada intención de focalizar a los responsables para someterlos a acciones judiciales.
En el entendido de que la "justicia" empieza por casa, los mandamases del JNE han comprendido en su denuncia a los funcionarios regionales de la ONPE que facilitaron los padrones electorales para la consulta. Al respecto preguntamos: ¿Por qué, cuando ocurrió la consulta de Tambogrande y se produjo similar situación, el JNE no se pronunció y menos condenó la consulta?
Si recurrimos a la Constitución y al concepto primigenio de la democracia, la opinión del pueblo es el sustento de esta forma de gobierno y es deber de los representantes elegidos respetar esta voluntad.
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