
Pero hablando de la propuesta en sí, ésta resulta ser fehaciente prueba de la ignominiosa ignorancia del doctor García en Derecho Penal y Política Criminal. Al parecer el presidente ha olvidado el principio de Resocialización del Derecho Penal, según el cual, cuando un reo cumple su condena recupera todos sus derechos y el Estado debe garantizar su reinserción en la sociedad. Solo ello explica que la propuesta del Jefe de Estado sea publicar los nombres hasta de quienes han sido declarados inocentes y de los que han cumplido condena, promoviendo la discriminación, enfrentando a la población, vulnerando los principios que sustentan un Derecho Penal dentro de un Estado de Derecho, propiciando la implementación de un Derecho Penal del enemigo, en fin, dando el primer paso hacia la construcción de una dictadura en la que se puedan restringir las libertades de las personas, tal como lo afirma Mulder Bedoya al comentar que la bancada aprista estudia la elaboración de una norma para reglamentar el seguimiento de todos los procesados por subversión que lograron su libertad. Por este camino, no se tardará en sostener que ante su incapacidad para resocializarse, habrá que imponerles cadena perpetua, o quién sabe, hasta pena de muerte.
De este modo, las tendencias dictatoriales del gobierno aprista van tomando mayor relieve. Entre tanto, las huelgas, los paros, las movilizaciones y todas aquellas armas que el pueblo encuentra cuando siente lastimada la dignidad nacional y ve vulnerados sus derechos más esenciales, seguramente irán en aumento, mientras el gobierno no comprenda que la confrontación no es el modo correcto de tratar estos conflictos, que no son fruto de la locura y el apasionamiento de “marxistas dinosaurios”, sino que son consecuencia de la exclusión, la pobreza y la miseria de las que son víctimas los peruanos. Por el bien de la democracia, esperamos que el gobierno lo comprenda y al comprenderlo, deseche estas intenciones que lo único que harán será, como lo dije antes, promover la discriminación y asesinar impunemente al Estado de Derecho.