miércoles, 16 de enero de 2008

CANTACLARO: Otra más de Jorgito

Por Constante Vigil
Celendin
La siniestra fama que tiene La Oroya a nivel internacional se debe a que es la ciudad más contaminada del mundo y a que en la zona opera la compañía norteamericana Doe Run Resources Corporación, operadora de la planta metalúrgica que emite el 99 % de los gases tóxicos que se respiran en esa ciudad.
Las principales víctimas, que duda cabe, son los niños, que ven recortadas sus posibilidades de vida. Una de las pruebas toxicológicas arrojó como resultado a 137 niños contaminados por plomo. Contra esta compañía y para demostrarnos que no todos los gringos son insensibles y crueles, dos religiosas norteamericanas han presentado una demanda judicial por contaminación irresponsable ante la Corte del Circuito de Saint Louis de Missouri.
Al contrario de lo que sucede en el Perú, la justicia en el país del norte no se anda con pies de plomo. Todo parecía indicar que de continuar el proceso por fin se iba a hacer justicia, se iba a resarcir a los niños afectados y se iba a revisar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) propuesto por Doe Run. ¡Vana ilusión!
Corroborando que el gobierno aprista prioriza ante todo la inversión extranjera, venga de donde fuere, inclusive de Chile, tradicional y agresivo enemigo del Perú, y la pone por encima de la salud de los peruanos, incluso de los que votaron por Alan García. en octubre del año pasado, el inefable premier del Castillo, solicitó al embajador de EEUU en el Perú, Michael Mckinley, la intervención del Departamento de Estado, para que el caso sea visto en el Perú.... ¡aduciendo principios de soberanía (¡sólo esto nos faltaba!)!
Argumentaba también Castillo, su pedido: era para que no se establezca “un precedente perturbador para los inversionistas extranjeros”. Huelgan los comentarios.
El documento que de por sí es grave, adquiere dimensiones trágicas por ser presentado con copia al Gerente General de Doe Run en el Perú, el felipillo Juan Carlos Huayhua, por pedido expreso de John Youle, gerente de una empresa asesora en asuntos ambientales que tiene en su cartera de clientes a empresas mineras como Río Tinto, Antamina y Angloamericana, responsables de daños irreversibles a la ecología en varios puntos del país.
Para la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso es injustificable e inadmisible que el premier haya consentido el asesoramiento de Youle en tan peregrina petición, con el pretexto de que el juicio “ponía en riesgo importantes inversiones presentes y futuras” y de paso entorpecer la legislación sobre el TLC, fijando de este modo una clara posición a favor de Doe Run.
Está claro que nada podemos esperar del “nacionalismo” de Jorge del Castillo y del gobierno aprista. Alguien tiene que parar a Jorgito, por lo demás, estamos avisados.

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